Lesmes, desde el TS, dijo que “es ilegítimo que un juez denuncie la corrupción de sus compañeros”. Su colega Murillo de la Cueva le apoya aportando sus absurdos argumentos. Dirán todo lo que sea para represaliar al juez Presencia. Sin embargo, el ministerio de Justicia mantiene la postura contraria por causa de los dineros de Europa.
Donde dije digo, digo Diego. Por un lado Murillo de la Cueva, Pablo Lucas, reafirma su gratuita opinión cuando escribe que los jueces, en particular el presidente de ACODAP, no pueden denunciar la corrupción. Por el otro, los jefazos del Ministerio de Justicia deciden que los jueces controlen para que no se produzcan prácticas corruptas con el manejo de los fondos europeos ¿Rectifican? ¿No saben lo que dicen? Los dineros europeos frente a un cuadro de Murillo, otro cuadro de dolor. Son como “la Parrala”.
Está claro que a los jueces no se les pueden sustraer Derechos Fundamentales de los que disfruta todo ciudadano, por razones obvias y evidentes.
Los que cortan el bacalao en el Tribunal Supremo han metido la pata hasta el cuezo pretendiendo neutralizar al juez Presencia pretendiendo deslegitimar sus legítimas denuncias por casos de corrupción.
Europa no se fía de España cuando de manejo de dinero se trata. Por eso la UE pone condiciones estableciendo que se controle el destino de los fondos europeos y se eviten las malversaciones. Ellos, los del Ministerio, reaccionan de inmediato para no perder esos golosos dineros.
El NextGenerationEU es un instrumento temporal de recuperación dotado con más de 800 000 millones de euros que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus. Estos fondos europeos suponen una inyección para España de 140.000 millones de euros para pymes y empresas.
En los tres años que van de 2021 a 2023, España podría recibir transferencias del programa Next Generation EU por un importe máximo de 71.604 millones de euros, a través dos grandes instrumentos de inversión: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que aglutinará hasta 59.168 millones de euros, y el React-EU, etc. (ver en el enlace):
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/FondosEuropeos/Fondos- relacionados-COVID/Next-Generation.aspx
Dice:
“En julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE) dotado con 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados Miembros. El Fondo de Recuperación garantiza una respuesta europea coordinada con los Estados Miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
Los fondos pueden utilizarse para conceder préstamos reembolsables por un volumen de hasta 360.000 millones de euros y transferencias no reembolsables por una cantidad de 390.000 millones de euros.
Los dos instrumentos de mayor volumen del Next Generation EU son los siguientes:
El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), constituye el núcleo del Fondo de Recuperación y está dotado con 672.500 millones de euros. Su finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE.
El Fondo REACT-EU, está dotado con 47.500 millones de euros. Los fondos de REACT-EU operan como fondos estructurales, pero con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución. REACT-EU promoverá la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía.
Next Generation EU también aportará fondos adicionales a otros programas o fondos europeos, como el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo de Transición Justa (FTJ), de los cuales España recibirá 720 y 450 millones de euros, respectivamente.
Dentro del MRR, España recibirá un total de aproximadamente 140.000 millones de euros, de los que 60.000 millones corresponden a transferencias no reembolsables. Además, podrá acceder a un volumen máximo de 80.000 millones de euros en préstamos.
En cuanto al Fondo REACT-EU, España recibirá algo más de 12.000 millones de euros para su ejecución en el periodo 2021-22.”
En base a ello: “Justicia aprueba un plan de medidas antifraude para gestionar los fondos europeos destinados al Ministerio”
En su comunicado, el Ministerio de Justicia afirma que : “ha aprobado un plan de medidas antifraude para la gestión de los fondos ‘Next Generation’ de la Unión Europea destinados al departamento dirigido por Pilar Llop, que recibirá 410 millones de euros para transformación digital, en los ejercicios 2021 al 2023, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.”
Partiendo de esa nota informativa, recogida por Europa Press, se lee: “Justicia ha explicado que este Plan es de aplicación exclusiva a las actuaciones que lleve a cabo el Ministerio para ejecutar los fondos dentro de sus obligaciones establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según ha precisado el equipo de Llop, la aprobación de dicho plan responde a la obligación de los Estados miembros de velar por una utilización de los fondos que garantice que han sido utilizados de conformidad con las normas comunitarias y nacionales, en particular en lo referente a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Con este plan, Justicia ha asumido una declaración institucional contra el fraude, en la que se compromete expresamente con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, con la adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de forma que su actividad en la gestión del plan de recuperación sea percibido como totalmente opuesto al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.
En este sentido, el Ministerio ha subrayado que se ha puesto en marcha una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción, estableciendo un sistema de control robusto, diseñado de forma especial para prevenir y detectar los actos de fraude y corregir su impacto, en el caso de que se produjeran.
En el marco de la nota, Justicia ha asegurado que el plan de medidas antifraude contempla una serie de actuaciones eficaces y proporcionadas, basadas en un planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo de fraude. De esa forma, ha insistido, se dará garantía de que el gasto en que se ha incurrido en las está libre de conflicto de interés, fraude y corrupción.
El departamento dirigido por Llop ha indicado que además de esta evaluación del riesgo de fraude, el Ministerio cuenta con procedimientos adicionales para prevenir, detectar y denunciar situaciones que pudieran constituir fraude y corrupción, así como para su seguimiento.
Según ha detallado Justicia, el plan se estructura en torno a cuatro áreas que constituyen el ciclo de lucha contra el fraude: prevención, detección, corrección y persecución. Así, ha señalado que el enfoque tiene en cuenta el riesgo de fraude en todo su conjunto, tanto en la dimensión operativa –que incluye aspectos como la eficacia y eficiencia de la organización– como en términos de integridad –veracidad de la información, ‘public compliance’, prevención del fraude y la corrupción.”
Por tanto, el ministerio de la Sra. Llop, deja clara su postura de “TOLERANCIA CERO FRENTE AL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN”. Poco más se puede añadir.
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