Nota de Prensa
El Fiscal decano de Talavera de la Reina Ángel “Demetrio” de la Cruz Andrade podría encontrarse con el agua hasta el cuello después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una noticia de “El Plural” quiera obligar a “demoler” pisos por irregularidades en la construcción sobre el cauce de un arroyo sin autorización.
EMILIANO GARCÍA-PAGE, Presidente de Castilla La Mancha no podría evitar la demolición de su chalet, como en ocasiones anteriores. ¿Por qué Page no actúa como Ayuso y ordena la demolición del chalet ilegal del fiscal decano “Demetrio” en Talavera de la Reina?. Queda evidente que el Presidente del Tribunal de justicia de Castilla la Mancha, Vicente Rouco, estaría detrás evitando esa demolición.
El motivo es la vulneración de la Ley de Aguas y la no rectificación posterior de los incumplimientos que señala. Así lo índican fuentes urbanísticas. Solo hay una opción viable: la demolición de los edificios.
En su día “Demetrio” pudo eludir este delito pero esta vez le va a salir caro su atrevimiento.
Por entonces fue una sentencia la que confirmaba la orden de demoler el chalet del fiscal decano de Talavera.
En una durísima sentencia fechada el 30 de abril del 2019, la sección 2ª de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Castilla La Mancha ha desestimado el recurso que formuló la mujer del Fiscal Decano de Talavera de la Reina contra la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el que pedía la declaración de nulidad de la orden de demolición de su chalet construido en el cauce del arroyo de la Fuente o Berrenchín, en el término municipal de Pepino.
La demanda de María García García (así se llama la mujer del fiscal decano de Talavera de la Reina) estaba firmada por el abogado Francisco Javier González de Rivera, y fundamentaba su pretensión de nulidad en que según su opinión “no existe ningún cauce público en las inmediaciones del chalet”, afirmación sorprendente que fue calificada por el Abogado del Estado como una alegación “carente absolutamente de sentido”, y que la sentencia del TSJ ha terminado por rechazar considerando que de la prueba practicada resulta suficientemente acreditada la existencia del arroyo de la Fuente o Berrenchín.
La propia Confederación Hidrográfica del Tajo ha explicado a El Plural que no será posible “legalizar viviendas que se encuentran ocupando un cauce, dado que se trata de dominio público hidráulico”. O dicho de otro modo, que estas viviendas nunca podrán ser habitadas.
De otra parte, la sentencia confirma la tesis de la abogacía del Estado que calificó como “alegación claramente maliciosa” la afirmación igualmente falsa que se contenía en el escrito de demanda, acerca de que “el domicilio del matrimonio siempre ha estado en el chalet y las notificaciones del expediente sancionador se practicaron en otro domicilio distinto”, lo que ha sido igualmente rechazado por la Sala de lo contencioso administrativo con sede en Albacete, que afirma que según resulta del expediente administrativo “el empadronamiento en Pepino se produjo después de que se acordara la orden de demolición del chalet”.
Por lo demás, la sentencia termina por corroborar los demás motivos de impugnación al recurso alegados por el abogado del Estado, que insistió en su contestación en que la orden de demolición no había caducado ni tampoco había prescrito, porque “no habían transcurrido 15 años desde que se acordó la ejecución”.
Contra la sentencia dictada por la sección 2ª de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Castilla La Mancha finalmente no se interpuso recurso alguno y la sentencia ha devenido firme. El chalet está pendiente de demolición.
En los momentos previos al interrogatorio del fiscal jefe de Toledo a su subordinado de Talavera, la magistrada, Marta Vicente de Gregorio, tampoco preguntó a De la Cruz Andrade, conforme al artículo 436 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si le unía alguna relación con las partes en el procedimiento, inacción que nos parece normal, teniendo en cuenta que dicha magistrada, presuntamente tiene también cuentas en paraísos fiscales.
«En el interrogatorio, el Fiscal Decano de Talavera declaró como testigo, bajo juramento, que no sabía cómo había pagado la parcela que había comprado, que no sabía que sobre su casa existía una orden de demolición desde el año 2009, y que no sabía tampoco que se había dictado una sentencia firma por la Sala de lo contencioso de Castilla la Mancha confirmando la demolición del chalet, entre otras cosas», dice la denuncia.
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