por Acodap | Feb 23, 2022 | Denuncias, Notas de prensa
La asociación afirma que el presidente de los jueces de Castilla La Mancha estaría detrás de los desahucios ilegales como represalia contra el juez Presencia y su jefe de prensa.
El empleado de un fondo buitre reconoció sin tapujos que el desalojo ilícito emprendido contra el periodista de ACODAP estaba “amañado” mientras presumía, durante una conversación telefónica con el juez Presencia, afirmando que: “Trabaja para el juzgado”.
Por otro lado, una secretaria judicial de Talavera de la Reina alteró maliciosamente los datos que figuraban en los edictos de la subasta de la vivienda alquilada por la familia del juez Presencia, para intentar lanzar a la calle, en plena época de Pandemia y de crisis sanitaria, como maléfica represalia a cuatro niños menores de cinco años.
ACODAP denuncia públicamente mediante este escrito, acogiéndose a los Derechos Fundamentales que le otorga la Directiva UE 2019/1937, que Vicente Rouco y sus secuaces pretenden el lanzamiento ilegal del periodista denunciante de corrupción, Alex Diges, para arrebatarle su domicilio, como nueva y grave represalia contra él, al tiempo que intenta lo mismo contra el presidente de la conocida asociación anticorrupción, Fernando Presencia, a pesar de que conviven con él y su mujer cuatro hijos menores de cinco años.
El desahucio ilegal contra el periodista de ACODAP
Álex Diges denunció una grave estafa en la venta de su vivienda, inmueble que fue levantado en un monte consorciado hasta 2068, que fue previamente deforestado por Luís Padrino por las buenas, sin advertirlo a los compradores en la notaría ni reflejarlo en el registro en la propiedad de Pastrana, como es obligado. Engaño, fraude, que significa que la venta es “nula por vicio de consentimiento”, entre otras importantes causas. En la trama de engaño participan diversos actores y actrices (una banda organizada para estafar) que deberán responder de sus ineludibles responsabilidades. Los contratos son de adhesión, con todas sus clausulas nulas por no ser negociadas. Las juezas de Guadalajara tienen obligación de revisar de oficio esas clausulas, obligación que han incumplido optando por prevaricar. Si mencionamos lo relacionado con la “titulización” la cosa se les complica a los buitres.
Rouco se ha confabulado con los juzgados de Guadalajara, saltándose toda legalidad vigente amañando procedimientos judiciales (simulación procesal) con el fin de dar rienda suelta a su demostrado comportamiento psicopático. Sus secuaces amañaron todo lo amañable para que Caixabank vendiese un activo ajeno -una propiedad que nunca les perteneció- a un fondo buitre de su entorno buscando crear caos, engaño y confusión.
Desde hace tiempo los del Caixabank envían a sujetos que se hacen pasar por “empleados del juzgado” con objetivo de coaccionar al periodista y soliviantar al vecindario, intentado coaccionarle para que abandone forzadamente su vivienda (que es de su exclusiva propiedad según el art.1306, 2ª CC). En acosos previos uno de los fulanos no tuvo el menor empacho en dejar sus datos con un papelito fotocopiado colgado en la puerta de la vivienda:
Tessi diagonal
Avda. De los Rosales, 42 –puerta 2, plta 1ª
28001 Madrid
Telf.: 915.479.244 ext 52283.
Movil 678 06 06 15
Los perversos extorsionadores acuden con frecuencia a sabiendas de que la sentencia que ordena el desalojo es ilegal y constitutiva de un presunto delito de prevaricación. La esposa de Alex Diges vive y está empadronada en el mismo domicilio. Nunca fue parte en el procedimiento y por tanto no fue condenada a ningún desalojo.
Se añade que para colocar esas viviendas distribuidas en varias urbanizaciones ilegales, plenas de vicios ocultos, el promotor y protegido de Pepe Bono entregó para hacer creíble la estafa un documento firmado por el Ministerio de la Vivienda en el que se atestiguaba que los adosados estaban financiados por ese desaparecido organismo. En la firma ante la señora notaria de Pastrana se presentaron los apuntes contables por parte de la obra social desaparecida “Caja de Guadalajara.” Esa entidad fue arruinada por los manejos de políticos y finalmente desapareció por arte de magia negra. Para evitar el escándalo de esa quiebra fraudulenta no se les ocurrió otra que regalar los restos del naufragio al banco privado Caixabank para que les lavase los trapos sucios.
El empleado del fondo buitre, trabajador de Tessi diagonal reconoció sin tapujos que el desalojo ilícito emprendido contra el periodista de ACODAP estaba “amañado” mientras presumía, durante una conversación telefónica con el juez Presencia, afirmando que: “Trabaja para el juzgado”. Una falsedad total, pues ninguna empresa privada puede trabajar para juzgado alguno. La conversación es prueba incriminatoria contra el sujeto usurpador y está debidamente grabada por el juez. Recordemos que el periodista fue secuestrado y narcortizado tras denunciar varios casos de corrupción, delito del que responsabiliza a Rouco como inductor.
El desahucio ilegal contra la familia del Juez Presencia
Por otro lado, una secretaria judicial de Talavera de la Reina, a modo de amaño, ocultó inexplicablemente (o explicablemente) en un procedimiento hipotecario que la vivienda subastada por otro fondo buitre estaba alquilada por la familia del juez Presencia desde el año 2013. Lo hizo alterando maliciosamente los datos que figuraban en los edictos de la subasta.
Se refiere en concreto la denuncia a los datos relativos a la “situación posesoria” del inmueble, que en la convocatoria se indicaba que “No consta”, cuando es lo cierto que al juzgado sí que le constaba que el inmueble de referencia es la vivienda del juez Presencia y de su familia, y así resultaba de la documentación obtenida en el procedimiento tramitado por ese mismo juzgado como LEI 30/2018, en el que el magistrado Presencia figuraba como denunciante, y que para notificarle la convocatoria a juicio se le practicó una “exhaustiva investigación” para la averiguación de su domicilio.
Al final, todo ello como parte de una pretensión diabólica para intentar lanzar a la calle, en plena época de Pandemia y de crisis sanitaria, como maléfica represalia a cuatro niños menores de seis años.
La secretaria en cuestión se llama Rosa Turnes De La Infanta, que durante casi ocho años estuvo destinada como Secretaria en el Servicio de Inspección del CGPJ. De ahí la ojeriza y las represalias contra el juez Presencia, cuando ella volvió a su destino como Letrada de la Admon. de justicia (LAJ) en el juzgado Mixto número cuatro de Talavera de la Reina, que es el que conoce ahora de la subasta de marras.
Rosa Turnes ha llegado al despropósito de acordar por su cuenta y riesgo, en un alarde de desatada prevaricación, el desalojo del juez Presencia de su vivienda pretextando el cumplimiento de una supuesta orden judicial de desalojo, que sin embargo NO EXISTE.
ACODAP se ha empeñado en denunciar y detener estas dos locuras impulsadas por un maniaco que necesita de la complicidad de los jueces y magistrados destinados en Castilla La Mancha. Por esa razón, la asociación dirigida por el Magistrado Fernando Presencia apela a sus compañeros de carrera para que no se dejen intimidar, y no se conviertan en cómplices de un personaje psicópata que está abusando de manera delictiva de su condición de presidente todavía en funciones, y que además no desdeña en utilizar como meros instrumentos de sus locuras a los titulares de los distintos órganos judiciales de su territorio, sin importarle que éstos puedan perder sus trabajos o que incluso puedan comprometer sus propias vidas y las de sus familiares.
La asociación denunciante recuerda que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, acuciado por su propia corrupción, ha decido en esta cuestión dar la callada por respuesta, manteniendo en funciones a un psicópata como presidente de un Tribunal Superior de Justicia.
Desde esta angustiosa situación, el juez Presencia hace un llamamiento a sus compañeros de carrera para que desde sus juzgados se conviertan, ellos mismos, en denunciantes de corrupción, y apliquen con mano firme frente a las represalias la Directiva UE 2019/1937 de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
por Acodap | Feb 21, 2022 | Denuncias, Notas de prensa
Han sido denunciados por prevaricación los tres magistrados que han ordenado ilegalmente el ingreso penitenciario del juez Alba. ACODAP resalta en su denuncia que Salvador Alba goza de total inmunidad y por ello no puede ser constituido en prisión hasta que su cese como juez sea publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Este es el indiscutible e irrebatible fundamento de peso de la denuncia.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decretó ilegalmente el pasado miércoles la ejecución de la sentencia que condenó en septiembre de 2019 al juez Salvador Alba Mesa a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación, sin esperar siquiera a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hubiera tramitado el expediente de separación de la carrera al juez condenado.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dedica a la inmunidad judicial nada menos que tres artículos, que prohíben la detención de jueces y magistrados salvo por orden del juez de instrucción competente, así como la intimación o los requerimientos, e incluso la citación para recibirles declaración. Con mucho más motivo, está prohibido que los jueces y magistrados sean ingresados en prisión hasta que el cese en su destino no sea publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 353 del Reglamento de la Carrera Judicial).
Asistida por toda la razón ACODAP, la asociación contra la corrupción liderada por el juez Fernando Presencia, entiende que la parte dispositiva del auto de fecha 11 de enero pasado dictado por los togados denunciados Juan Luis Lorenzo Bragado, Nicolás Acosta González (ponente) y Luis Wood Rodríguez, puede ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación judicial y tráfico de influencias, por requerir al juez Alba para que “proceda a su ingreso voluntario en Centro Penitenciario para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta en sentencia, bajo apercibimiento de acordarse su busca y captura”, a sabiendas que el condenado sigue ostentando inmunidad judicial y que la referida sentencia aún no ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Está claro pues, según la asociación beligerante contra la corrupción, que el único fin perseguido por los denunciados es tan solo el afán de notoriedad personal, buscando que la amenaza ilegal del ingreso en prisión del juez Alba aparezca publicada en los medios de comunicación social, aún siendo plenamente conscientes y sabedores de que eso no podía llevarse a efecto en ningún caso.
Por otro lado, los magistrados ahora denunciados pretenden provocar, como propósito inmediato, la humillación y el escarnio del compañero juez condenado. Téngase en cuenta que el juez Alba puede dejar de ser condenado en cualquier momento si se estiman sus recursos.
Denuncia asunto JUEZ ALBA firmada página 1
Denuncia asunto JUEZ ALBA firmada página 2
Denuncia asunto JUEZ ALBA firmada página 3
Denuncia asunto JUEZ ALBA firmada página 4
Documento completo Denuncia asunto JUEZ ALBA
por Acodap | Feb 15, 2022 | Denuncias, Notas de prensa
El magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva forma parte de la Sala especial del Supremo que conoce de los recursos contra todos los acuerdos adoptados por el CGPJ, a pesar de que su hermano Enrique es vocal de ese órgano de gobierno de los jueces, lo que resulta a todas luces incompatible y está prohibido por la Ley.
El bombazo ha estallado después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid abriera las Diligencias Previas 2198/2021 por la denuncia de ACODAP contra el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, por amañar el juicio en el que terminó por confirmarse el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Tras la denuncia, el Supremo respondía con una nueva sentencia en la que esta vez se prohibía que los jueces (y en particular el juez Presencia) pudieran ser denunciantes de corrupción. Casualmente, el ponente de esta nueva sentencia era también el propio Pablo Lucas Murillo de la Cueva.
El juez Presencia, líder de la asociación contra la corrupción (ACODAP), no ha aguantado más y ha denunciado al referido magistrado y a su hermano ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
La razón es que Pablo Lucas forma parte de la Sala especial del Supremo que conoce de los recursos contra todos los acuerdos adoptados por el CGPJ, a pesar de que su hermano Enrique es vocal de ese órgano de gobierno de los jueces, lo que resulta a todas luces incompatible y está prohibido por la Ley.
El artículo 638 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que: “Los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El conocimiento de estos asuntos corresponderá a una sección integrada por el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que la presidirá, y por los demás Presidentes de sección de dicha Sala”.
Pablo Lucas Murillo de la Cueva es el presidente de la sección 4ª de la Sala de lo contencioso del Supremo, y por tanto forma parte de esa Sala especial que constituye la sección 6ª (la del art. 638 LOPJ). El problema es que su hermano Enrique es vocal del CGPJ, y contribuye con su voto a la formación de los acuerdos del Pleno.
El artículo 219 de la LOPJ dice que son causas de abstención y recusación: “14.ª En los procesos en que sea parte la Administración pública, encontrarse el juez o magistrado con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo o realizado el hecho por razón de los cuales se sigue el proceso en alguna de las circunstancias mencionadas en las causas 1.ª a 9.ª, 12.ª, 13.ª y 15.ª de este artículo.”
Y la circunstancia primera de ese mismo artículo hace referencia, como causa de abstención y recusación, al vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el representante del Ministerio Fiscal.
El problema es que Pablo Lucas ha tomado la decisión ilegal de no apartarse del conocimiento de los recursos contra el CGPJ, y está confirmando a tutiplén todos los acuerdos en los que participa Enrique Lucas. Muestra de ello es el bochornoso espectáculo que han dado los dos hermanos como consecuencia del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
El Pleno extraordinario del CGPJ que se celebró el 16 de enero de 2020 aprobó por mayoría de 11 contra 10 el informe favorable al nombramiento de la Fiscal General del Estado por parte del Consejo de Ministros de Sánchez, indicando que Dolores Delgado reunía los requisitos exigidos para ser nombrada en el cargo.
De esos 11 vocales que votaron a favor del nombramiento, uno de ellos era Enrique Lucas Murillo de la Cueva, como decíamos previamente y resaltamos, hermano del actual presidente de la Sección del Supremo que revisó jurisdiccionalmente el acuerdo que fue informado por el Pleno del CGPJ.
La conclusión entonces es evidente. Pablo Lucas Murillo De La Cueva debió abstenerse y no dictar sentencia sobre la revisión de un acuerdo que había sido informado, entre otros, por su propio hermano.
Al no haberse abstenido, teniendo la obligación de hacerlo, incurrió en la falta muy grave relativa a “la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas” sancionada en el 417.8ª LOPJ, que además puede ser constitutiva de un delito de prevaricación judicial.
Eso es precisamente lo que denunció ACODAP, la asociación contra la corrupción liderada por el juez Fernando Presencia, y que dio lugar a las Diligencias Previas 2198/2021 del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid.
Ahora, esa sección 6ª ha respondido como represalia con una nueva sentencia en la que se prohíbe esta vez que los jueces (y por todos ellos, el juez Presencia) puedan ser denunciantes de corrupción. Casualmente, el ponente de esta nueva sentencia es el propio Pablo Lucas Murillo de la Cueva.
Por esa razón, Fernando Presencia se ha dirigido a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para que modifiquen las normas de reparto de la Sala 3ª, y separen de una vez a Murillo de la Cueva de la sección 6ª, al tiempo que se le incoen los correspondientes expedientes disciplinarios por su falta de abstención en el casi centenar de recursos contra los acuerdos del CGPJ, en los que habrían participado al mismo tiempo ambos hermanos.
por Acodap | Ene 28, 2022 | Denuncias, Notas de prensa
La Audiencia Nacional la había admitido a trámite en “secreto” para que no trascendiera ante la opinión pública.
Tras el enorme escándalo organizado en las redes sociales, se ha obrado “el milagro”. La denuncia extraviada ha aparecido después de que ACODAP lo denunciara por segunda vez.
Se ha descubierto que el juzgado Central de instrucción nº 3 había admitido a trámite en “secreto” la denuncia interpuesta contra Margarita Robles por fraude fiscal, todo ello para que no trascendiera ante la opinión pública. Con toda probabilidad, se trataría de archivarla inmediatamente después de enviársela al Ministerio Fiscal para informe.
La actual ministra de defensa fue investigada por la Agencia Tributaria por evasión fiscal. Entre 2001 y 2002 habría sacado de España, a través de testaferros, más de seis millones de euros destinados a cuentas residenciadas en paraísos fiscales.
Obran en poder de ACODAP los documentos que acreditan los embargos. Se trata de procedimientos abiertos de oficio y tramitados por la propia Agencia Tributaria. En ellos se acordó deducir testimonio a la fiscalía por supuesto delito económico.
En los documentos mencionados aparecen como destinatarios bancos ubicados en lugares como Caracas, Lisboa, México y Suiza. ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, denunció ante la Audiencia Nacional la escandalosa documentación.
Pero la denuncia no aparecía por ningún lado. Ha sido después de denunciarlo por segunda vez cuando se ha descubierto el pastel. La secretaria del juzgado ha tardado un solo día en comunicar lo que realmente ha pasado.
Letrado: FERNANDO PRESENCIA CRESPO
Contrario: MARGARITA ROBLES FERNANDEZ
Tribunal: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION 3
Autos_ DENUNCIA – 56/2021
Fecha de notificación: 28/01/2022
por Acodap | Ene 25, 2022 | Denuncias, Notas de prensa
Con inusitada celeridad, abre Diligencias Previas el Juzgado de Instrucción nº 27 de la Plaza de Castilla de Madrid, con el número 49/2022. La denuncia fue presentada hace tan solo quince días. Es de esperar que se ordene la inmediata paralización de cualquier atisbo de obra en la zona donde se sospecha pudieran encontrarse las fosas.
ACODAP exige la detención inmediata de dos Ministras y del alcalde de Mequinenza
Han sido denunciados ante el juzgado de guardia por pretender ocultar el grave asunto de las fosas de Mequinenza. Tienen como primordial objetivo malversar fondos europeos para intentar hacer desaparecer las posibles pruebas sobre más de un centenar de presuntos asesinatos.
La denuncia de ACODAP se expresa en los siguientes términos:
“H E C H O S
El gobierno estaría malversando fondos europeos para “ayudar” a Margarita Robles a encubrir un centenar de presuntos asesinatos
El Gobierno urde lo que apunta a ser un espeluznante montaje para encubrir el más de un centenar de asesinatos denunciados por ACODAP ante la Guardia Civil en los que podría estar involucrada la actual ministra de Defensa. Copia de los nuevos manuscritos llegados a la asociación liderada por el juez Presencia, muestran que el ex fiscal Mena habría pedido a Robles que impidiera a la Benemérita investigar las fosas de Mequinenza, mientras tanto el Gobierno se ocuparía de “eliminar” las pruebas, los cuerpos del delito.
ACODAP, la “Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el juez decano de Talavera de la Reina Fernando Presencia, formuló denuncia en base a unos manuscritos que señalan la existencia de una tenebrosa organización perfectamente definida y controlada por el ex fiscal de Cataluña José María Mena.
De acuerdo con esa documentación, se da a conocer la existencia de una banda organizada dedicada al sicariato por encargo y previo pago. En ella participarían algunos personajes integrados en los cuerpos de seguridad del Estado, así como laboratorios forenses y policía científica. De este modo lograban la abstención de esos cuerpos en las investigaciones de los asesinatos, dejando ocultas las causas. La responsabilidad de controlar a la fiscalía corría por cuenta del propio Mena.
En una carta, dirigida por Mena al entonces fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, le pedía que se entrevistara con Zapatero. En la misiva se mencionaban expresamente las fosas comunes (“chalés” en la jerga de Mena) en la que serían enterrados los casi 400 sicarios (“inquilinos”), los que sirvieron a la banda para ejecutar los crímenes (“eliminaciones”) que se describen en miles de manuscritos. Este es el texto transcrito:
“Carlos
Te dije hace unos días que ya le había enviado a Zapatero la carta en los términos que me dijiste, exponiéndole la situación en que iba a quedar todo por aquí después de mí jubilación que, como sabemos, está a la vuelta de la esquina.
Más o menos se lo expuse con toda crudeza, pero no le mencioné nada sobre los chalets de (…), (…) y Mequinenza. Y ahí podemos tener un grave problema si no lo dejamos todo bien atado.
Y aunque Ruiz asegura que todo se hizo correctamente y es del todo improbable que puedan surgir contratiempos, ambos sabemos que el tiempo es experto en procurar traiciones.
Pero como yo ya me dirigí a él hace unos días, creo sinceramente que lo más acertado, dada la importancia del asunto, es que seas tú quien contacte con Zapatero en esta ocasión para exponerle el tema de las fosas y de todo lo que contienen.
En este caso creo que hacer prevalecer tu rango en la interlocución es lo más acertado.
Sé que si Zapatero mueve los hilos el tema jamás verá la luz.
Dile a Ruiz lo que piensas y devuélveme la nota, por favor.”
Los manuscritos que obran en poder de ACODAP incorporan una colección de misivas en la que quedaría manifiestamente clara la enorme preocupación y empeño de Mena por conseguir las complicidad, protección y colaboración del entonces mandamás del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.
Por todo esto y mucho más, al tener conocimiento de las comprometedoras cartas en las que aparecían reseñadas las tres localidades donde se afirmaba existían fosas comunes, a ACODAP no le quedó otra opción que denunciar públicamente y ante las autoridades tan graves asuntos, a la luz de lo que ordena la Directiva UE 2019/1937 sobre informantes de infracciones del Derecho de la Unión, que es de incuestionable aplicación desde el 17/12/2021.
El 24 de febrero de 2021 se interpuso la denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil de Caspe (Zaragoza).
Un representante autorizado del Benemérito Cuerpo fundado por el Duque de Ahumada informó el 9 de abril siguiente que se iban a emprender las tareas de investigación pertinentes. Sin embargo, nada se hizo desde aquella fecha.
Hoy sabemos la razón de esa inactividad. En unos nuevos manuscritos de Mena de los que ha vuelto a tener conocimiento ACODAP, se interpela esta vez a la ahora Ministra de Defensa, Margarita Robles, pidiéndole ayuda. Lo más interesante de todo es que, la Robles parece que también estaba bien metida en el ajo.
Este es el texto transcrito de esos tres nuevos documentos:
“1ª Nota del ex fiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles
Amiga y compañera
Un favor.
En los videos del cabronazo (sic) de Royuela aparecen lo que llaman las fosas de Mequinenza. Si no lo has visto, míralo.
El muy cabrón lo ha denunciado ante la guardia civil.
Aunque no tengas nada que ver en esto ni te afecte personalmente, comprenderás que si caemos nosotros también caes tú.
Qué me interesa entonces? está claro: que la guardia civil no mueva un dedo. Que no investigue absolutamente nada.
Y tú eres la única que puede dar esa orden o hablar con quien tenga que darla. No sé. Apela a la inverosimilitud de la historia, a que es absurdo emplear recursos que suponen una millonada en algo que es un puro bulo. No sé. Argumentos tienes de sobra.
Como siempre confió plenamente en ti.
Dime algo.
2ª Nota del ex fiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles
Amiga y compañera
Asunto: Mequinenza
Lo sabía. Sabía perfectamente que podía confiar plenamente en ti. Tras tu carta, estoy convencido de que la guardia civil no moverá un dedo.
Tampoco sé si la persona que se ha encargado de parar el tema ha tenido que adquirir ciertos compromisos. Por si acaso, en el sobre, en billetes de 500, van 200.000 €. Espero que si existen esos compromisos, sean suficientes.
3ª Nota del ex fiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles
A la atención de Margarita Robles amiga y compañera
Asunto: videos Royuela/ Almacellas
El mismo favor que con el de Mequinenza.
Como no me dijiste nada sobre la compensación económica interpreto que la utilizaste.
Aquí tienes otro sobre con 200.000 €
Dime algo.”
Lo más sorprendente de todo es que Margarita Robles y el propio Gobierno de la Nación se han rendido al chantaje. Y lo han hecho urdiendo un enrevesado montaje jurídico que les permitirá (si nadie lo remedia) echar cemento sobre las fosas impidiendo su investigación. Pero eso sí, comprometiendo 6 millones de euros procedentes de los fondos de la Unión Europea.
Para ello, y de manera absolutamente cínica, espeluznante e ilegal por su propósito delictivo, el Consejo de Ministros aprobó el 5 de mayo del año pasado (un mes y medio después de que ACODAP formulara la denuncia ante la Guardia Civil), y con cargo a los fondos europeos, “un presupuesto de ejecución de seis millones de euros, para rehabilitar 38 hectáreas de terreno en el término municipal de Mequinenza” que es precisamente donde se supone que están enterrados más de un centenar de cadáveres.
“El proyecto contempla la restauración de los espacios mineros asociados a las antiguas explotaciones subterráneas de carbón Grupo Europa y Grupo Virgen del Pilar, situadas en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza). Los trabajos comenzarán en 2022, durarán un año y medio, e incluirán lo que más interesa al Gobierno en estos momentos, echar cemento sobre las fosas para impedir su investigación”, según recoge la nueva denuncia que acaba de formular ACODAP ante los juzgados de instrucción de Madrid.
En el escrito de denuncia se pide al juzgado que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para evitar que desaparezcan las pruebas de los delitos denunciados, se ordene la paralización total de las obras previstas en el proyecto de restauración ambiental de los espacios mineros asociados a las antiguas explotaciones subterráneas de carbón Grupo Europa y Grupo Virgen del Pilar, situadas en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), según Convenio firmado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Gobierno de Aragón, para la restauración ambiental de zonas afectadas por explotaciones mineras de carbón cerradas en las comarcas aragonesas.
También se pide en el escrito dirigido al juzgado que, de acuerdo con lo dispuesto esta vez en el artículo 3 también de la Lecrim, se declare, a los meros efectos de la represión penal y con carácter prejudicial, la ilegalidad del referido Convenio firmado entre el MITECO y la Comunidad de Aragón al ser constitutivo de un presunto delito de malversación de fondos públicos europeos.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito con los documentos que se acompañan, se sirva tener por formulada DENUNCIA ante la jurisdicción ordinaria, al amparo de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión contra: (i) D. Antonio Sanjuán Soler, alcalde del municipio zaragozano de Mequinenza, con domicilio a efecto de notificaciones en el Ayuntamiento de esa localidad, por los delitos de malversación de fondos provenientes de la Unión Europea (art. 308 Código Penal), extorsión, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, y encubrimiento de asesinato; y (ii) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para prevenir la causa contra los siguientes aforados: el Presidente del Gobierno de Aragón D. Francisco Javier Lambán Montañés; la titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Dª Teresa Ribera Rodríguez; y la Ministra de Defensa, Dª Margarita Robles Fernández; a cuyo efecto el juzgado competente requerirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para que aporte a las actuaciones el expediente completo relativo al Convenio firmado con el Gobierno de Aragón para la restauración ambiental de zonas afectadas por explotaciones mineras de carbón cerradas en las comarcas aragonesas, a que se refiere el siguiente enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/271221-carbon-mequinenza.aspx
Asimismo se requerirá a dicho Ministerio para que aporte igualmente con destino a las actuaciones que se incoen, justificación de haberse cumplimentado el Test a que se refiere el ANEXO II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De la misma manera, se requerirá a la comandancia de la guardia civil de Caspe (Zaragoza) para que remita al juzgado el atestado y las diligencias practicadas, en su caso, como consecuencia de la denuncia interpuesta por ACODAP en fecha 24 de febrero de 2021, cuya copia se acompaña al presente escrito.
OTROSI DIGO PRIMERO que, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 4 y 19 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio (de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea), que establecen que es competencia de los fiscales europeos delegados la defraudación de subvenciones y ayudas europeas prevista en el artículo 308 del Código Penal y los delitos indisociablemente vinculados, y que cuando un órgano judicial hayan iniciado una investigación por hechos cuya competencia podría ser ejercida por los Fiscales europeos delegados, lo pondrán en conocimiento de éstos a los efectos de permitir el ejercicio del derecho de avocación en los términos previstos en el artículo 27 del Reglamento, y deberán abstenerse de tomar decisiones que puedan impedirlo, sin perjuicio de adoptar aquellas urgentes dirigidas a asegurar la investigación y el ejercicio de la acción penal; es por lo que dejamos interesado al juzgado que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para evitar que desaparezcan las pruebas de los delitos denunciados, se ordene la paralización total de las obras previstas en el proyecto de restauración ambiental de los espacios mineros asociados a las antiguas explotaciones subterráneas de carbón Grupo Europa y Grupo Virgen del Pilar, situadas en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), según Convenio firmado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Gobierno de Aragón, para la restauración ambiental de zonas afectadas por explotaciones mineras de carbón cerradas en las comarcas aragonesas.
Verificado lo cual, el juzgado pondrá la causa en conocimiento del Fiscal europeo delegado a los efectos de permitir el ejercicio del derecho de avocación en los términos previstos en el artículo 27 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
OTROSI DIGO SEGUNDO que, de acuerdo con lo dispuesto esta vez por el artículo 13 también de la Lecrim, se declare por el órgano competente para el enjuiciamiento y fallo, a los meros efectos de la represión penal y con carácter prejudicial, la ilegalidad del referido Convenio firmado entre el MITECO y la Comunidad de Aragón, al ser constitutivo de un presunto delito de malversación de fondos públicos europeos previsto en el artículo 308 del Código Penal.
OTROSI DIGO TERCERO se deja solicitado se ordene la DETENCIÓN inmediata de las dos ministras de Pedro Sánchez implicadas en los graves hechos denunciados, la titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, y la Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández, así como la del primer edil de Mequinenza (PSOE) Antonio Sanjuán Soler que consiguió la alcaldía después de que su antecesora, Magda Godia Ibarz, muriera en circunstancias muy poco claras meses después de que ACODAP presentara la denuncia ante la comandancia de la guardia civil de Caspe.
Es justicia que pido en Madrid a diez de enero de dos mil veintidós.
La firma del Procurador lo es a los meros efectos de representación.
por Acodap | Ene 25, 2022 | Denuncias, Notas de prensa
Inaudito, incomprensible incompetencia. Algo que solo se puede explicar por la animadversión contra el juez Presencia o por fuertes presiones procedentes del entorno de Robles. Por ello, ACODAP vuelve a denunciar a la ministra de Defensa del gobierno de Sánchez ante la Audiencia Nacional.
Obran en poder de ACODAP los documentos que lo acreditan los embargos. Se trata de procedimientos abiertos de oficio y tramitados por la propia Agencia Tributaria. En ellos se acordó deducir testimonio a la fiscalía por supuesto delito económico.
ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública, tras el inesperado extravío denuncia nuevamente a Margarita Robles ante la Audiencia Nacional. La actual ministra de defensa fue investigada por evasión fiscal. Entre 2001 y 2002 habría sacado de España, a través de testaferros, más de seis millones de euros destinados a cuentas residenciadas en paraísos fiscales. En los documentos mencionados aparecen como destinatarios bancos ubicados en lugares como Caracas, Lisboa, México y Suiza. ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, hace ahora pública la escandalosa documentación acreditativa, la que fue tramitada de oficio por la Agencia Tributaria
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por la asociación contra la corrupción, esas ingentes cantidades de dinero procederían, presuntamente, de sobornos materializados en la época en la que Margarita Robles era secretaria de Estado del Ministerio del Interior, convirtiéndose así en la número dos del ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch en la última legislatura del gobierno socialista de Felipe González. El pago de esos sobornos se habría realizado a través de la banda del “fiscal psicópata” José María Mena.
ACODAP ha denunciado ante la jurisdicción ordinaria, en distintas ocasiones, al entonces fiscal jefe Superior de Cataluña, José María Mena Álvarez, como principal sospechoso de haber organizado una supuesta trama mafiosa al margen de los GAL con cargo a los fondos reservados del Estado. La trama se habría dedicado en principio a la eliminación física de determinados adversarios políticos señalados por el infortunio. La “eficiente” organización de Mena se transformaría posteriormente en una gran maquinaria lucrativa que asesinaba por encargo a cambio de precio (lo que se conoce como “sicarios”.)
En el macro archivo gestionado por la asociación ACODAP quedan documentados asuntos gravísimos en una enorme montaña de manuscritos firmados por quienes serían los autores de la barbarie. Mena aparece reflejado en los documentos como un asesino despiadado y psicópata, inductor de la mayor matanza en tiempos de paz que se habría fraguado en España con cargo a los fondos reservados del Estado. Asimismo aparece su lugarteniente, el sargento Rafael García “Ruiz” de la Guardia Civil, que es dibujado en sus propias narraciones como un sicario vil y sanguinario, verdugo y ejecutor de las órdenes dadas directamente por Mena.
Margarita Robles tiene un problema, un grave problema, que tendrá que aclarar dada la relevancia del puesto que ocupa (el mismo que manejó su correligionario, el nacionalizado como dominicano, José Bono) y por ser la cabeza visible de ese CNI que tanto se preocupa por perjudicar e investigar a los denunciantes de corrupción más significados. Poco a poco se van aclarando los porqués. Pero Margarita debe tener en cuenta que ella no es Mata Hari.
Margarita Robles Expedientada por Hacienda
Denuncia Acodap contra Robles
