La asociación afirma que el presidente de los jueces de Castilla La Mancha estaría detrás de los desahucios ilegales como represalia contra el juez Presencia y su jefe de prensa.

El empleado de un fondo buitre reconoció sin tapujos que el desalojo ilícito emprendido contra el periodista de ACODAP estaba “amañado” mientras presumía, durante una conversación telefónica con el juez Presencia, afirmando que: “Trabaja para el juzgado”.

Por otro lado, una secretaria judicial de Talavera de la Reina alteró maliciosamente los datos que figuraban en los edictos de la subasta de la vivienda alquilada por la familia del juez Presencia, para intentar lanzar a la calle, en plena época de Pandemia y de crisis sanitaria, como maléfica represalia a cuatro niños menores de cinco años.

ACODAP denuncia públicamente mediante este escrito, acogiéndose a los Derechos Fundamentales que le otorga la Directiva UE 2019/1937, que Vicente Rouco y sus secuaces pretenden el lanzamiento ilegal del periodista denunciante de corrupción, Alex Diges, para arrebatarle su domicilio, como nueva y grave represalia contra él, al tiempo que intenta lo mismo contra el presidente de la conocida asociación anticorrupción, Fernando Presencia, a pesar de que conviven con él y su mujer cuatro hijos menores de cinco años.

El desahucio ilegal contra el periodista de ACODAP

Álex Diges denunció una grave estafa en la venta de su vivienda, inmueble que fue levantado en un monte consorciado hasta 2068, que fue previamente deforestado por Luís Padrino por las buenas, sin advertirlo a los compradores en la notaría ni reflejarlo en el registro en la propiedad de Pastrana, como es obligado. Engaño, fraude, que significa que la venta es “nula por vicio de consentimiento”, entre otras importantes causas. En la trama de engaño participan diversos actores y actrices (una banda organizada para estafar) que deberán responder de sus ineludibles responsabilidades. Los contratos son de adhesión, con todas sus clausulas nulas por no ser negociadas. Las juezas de Guadalajara tienen obligación de revisar de oficio esas clausulas, obligación que han incumplido optando por prevaricar. Si mencionamos lo relacionado con la “titulización” la cosa se les complica a los buitres.

Rouco se ha confabulado con los juzgados de Guadalajara, saltándose toda legalidad vigente amañando procedimientos judiciales (simulación procesal) con el fin de dar rienda suelta a su demostrado comportamiento psicopático. Sus secuaces amañaron todo lo amañable para que Caixabank vendiese un activo ajeno -una propiedad que nunca les perteneció- a un fondo buitre de su entorno buscando crear caos, engaño y confusión.

Desde hace tiempo los del Caixabank envían a sujetos que se hacen pasar por “empleados del juzgado” con objetivo de coaccionar al periodista y soliviantar al vecindario, intentado coaccionarle para que abandone forzadamente su vivienda (que es de su exclusiva propiedad según el art.1306, 2ª CC). En acosos previos uno de los fulanos no tuvo el menor empacho en dejar sus datos con un papelito fotocopiado colgado en la puerta de la vivienda:

Tessi diagonal

Avda. De los Rosales, 42 –puerta 2, plta 1ª

28001 Madrid

Telf.: 915.479.244 ext 52283.

Movil 678 06 06 15

Los perversos extorsionadores acuden con frecuencia a sabiendas de que la sentencia que ordena el desalojo es ilegal y constitutiva de un presunto delito de prevaricación. La esposa de Alex Diges vive y está empadronada en el mismo domicilio. Nunca fue parte en el procedimiento y por tanto no fue condenada a ningún desalojo.

Se añade que para colocar esas viviendas distribuidas en varias urbanizaciones ilegales, plenas de vicios ocultos, el promotor y protegido de Pepe Bono entregó para hacer creíble la estafa un documento firmado por el Ministerio de la Vivienda en el que se atestiguaba que los adosados estaban financiados por ese desaparecido organismo. En la firma ante la señora notaria de Pastrana se presentaron los apuntes contables por parte de la obra social desaparecida “Caja de Guadalajara.” Esa entidad fue arruinada por los manejos de políticos y finalmente desapareció por arte de magia negra. Para evitar el escándalo de esa quiebra fraudulenta no se les ocurrió otra que regalar los restos del naufragio al banco privado Caixabank para que les lavase los trapos sucios.

El empleado del fondo buitre, trabajador de Tessi diagonal reconoció sin tapujos que el desalojo ilícito emprendido contra el periodista de ACODAP estaba “amañado” mientras presumía, durante una conversación telefónica con el juez Presencia, afirmando que: “Trabaja para el juzgado”. Una falsedad total, pues ninguna empresa privada puede trabajar para juzgado alguno. La conversación es prueba incriminatoria contra el sujeto usurpador y está debidamente grabada por el juez. Recordemos que el periodista fue secuestrado y narcortizado tras denunciar varios casos de corrupción, delito del que responsabiliza a Rouco como inductor.

El desahucio ilegal contra la familia del Juez Presencia

Por otro lado, una secretaria judicial de Talavera de la Reina, a modo de amaño, ocultó inexplicablemente (o explicablemente) en un procedimiento hipotecario que la vivienda subastada por otro fondo buitre estaba alquilada por la familia del juez Presencia desde el año 2013. Lo hizo alterando maliciosamente los datos que figuraban en los edictos de la subasta.

Se refiere en concreto la denuncia a los datos relativos a la “situación posesoria” del inmueble, que en la convocatoria se indicaba que “No consta”, cuando es lo cierto que al juzgado sí que le constaba que el inmueble de referencia es la vivienda del juez Presencia y de su familia, y así resultaba de la documentación obtenida en el procedimiento tramitado por ese mismo juzgado como LEI 30/2018, en el que el magistrado Presencia figuraba como denunciante, y que para notificarle la convocatoria a juicio se le practicó una “exhaustiva investigación” para la averiguación de su domicilio.

Al final, todo ello como parte de una pretensión diabólica para intentar lanzar a la calle, en plena época de Pandemia y de crisis sanitaria, como maléfica represalia a cuatro niños menores de seis años.

La secretaria en cuestión se llama Rosa Turnes De La Infanta, que durante casi ocho años estuvo destinada como Secretaria en el Servicio de Inspección del CGPJ. De ahí la ojeriza y las represalias contra el juez Presencia, cuando ella volvió a su destino como Letrada de la Admon. de justicia (LAJ) en el juzgado Mixto número cuatro de Talavera de la Reina, que es el que conoce ahora de la subasta de marras.

Rosa Turnes ha llegado al despropósito de acordar por su cuenta y riesgo, en un alarde de desatada prevaricación, el desalojo del juez Presencia de su vivienda pretextando el cumplimiento de una supuesta orden judicial de desalojo, que sin embargo NO EXISTE.

ACODAP se ha empeñado en denunciar y detener estas dos locuras impulsadas por un maniaco que necesita de la complicidad de los jueces y magistrados destinados en Castilla La Mancha. Por esa razón, la asociación dirigida por el Magistrado Fernando Presencia apela a sus compañeros de carrera para que no se dejen intimidar, y no se conviertan en cómplices de un personaje psicópata que está abusando de manera delictiva de su condición de presidente todavía en funciones, y que además no desdeña en utilizar como meros instrumentos de sus locuras a los titulares de los distintos órganos judiciales de su territorio, sin importarle que éstos puedan perder sus trabajos o que incluso puedan comprometer sus propias vidas y las de sus familiares.

La asociación denunciante recuerda que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, acuciado por su propia corrupción, ha decido en esta cuestión dar la callada por respuesta, manteniendo en funciones a un psicópata como presidente de un Tribunal Superior de Justicia.

Desde esta angustiosa situación, el juez Presencia hace un llamamiento a sus compañeros de carrera para que desde sus juzgados se conviertan, ellos mismos, en denunciantes de corrupción, y apliquen con mano firme frente a las represalias la Directiva UE 2019/1937 de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.