Goloso culebrón han montado para tomar el pelo a la justicia europea. En una resolución sumamente “disparatada”, el polémico magistrado Joaquín Gadea llega a la absurda conclusión de que no tiene competencia para “prevenir la causa” contra el magistrado instructor del ‘procés’, su amigo Pablo Llarena, a pesar de que el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice todo lo contrario, que sí que la tiene.

Es lo que tiene mezclar el poco saber con las cosas de amiguetes. La curiosa resolución fue notificada ayer a las partes. El polémico magistrado del juzgado Central de instrucción nº 6 de Madrid, Joaquín Elías Gadea Francés, ha decidido inadmitir por que sí la denuncia que interpuso ACODAP contra 

“quienes quiera que sean los responsables de lo ocurrido en Cerdeña el pasado fin de semana, que acabó con la detención del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su puesta inmediata en libertad por la justicia italiana, como consecuencia de la reactivación de la Euroorden por parte de las autoridades españolas”.

El auto es calificado como “disparatado” por la asociación denunciante de corrupción liderada por el Juez y conocido jurista Fernando Presencia. Se fundamenta ese escrito en que la Audiencia Nacional “supuestamente” no tiene competencias para prevenir la causa contra el magistrado instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, al tratarse de un aforado. Disparatado argumento pues ACODAP indica en su comunicado que “el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice todo lo contrario de lo que asegura Gadea: Sí que la tiene”. Lo que dice claramente ese artículo -afirma tajantemente la asociación- es que “la jurisdicción ordinaria (y la Audiencia Nacional lo es) será siempre competente para prevenir las causas por delitos que cometan los aforados”.

“Otra cosa es que no se considere necesario prevenir la causa contra Llarena porque el asunto esté claro,”-dice Presencia en su comunicado, “en cuyo caso lo oportuno hubiera sido remitir la causa directamente al Tribunal Supremo. Pero en ningún caso la ley autoriza para que pueda sin más inadmitir a trámite la denuncia”.

De cualquier forma, señala ACODAP que la denuncia no se presentó directamente contra Llarena, sino contra “quienes quiera que sean los responsables”, porque al día de hoy todavía no han sido identificados los autores, partícipes o colaboradores en España de la detención que se produjo en Cerdeña. En otras palabras, el magistrado se niega a investigar lo denunciado.

Joaquín Gadea es miembro de la ejecutiva de la conservadora APM y amigo íntimo de Pablo Llarena, llegó a puestos gubernativos demasiado pronto impulsado incomprensiblemente desde esa la asociación, accediendo de modo igualmente meteórico a la Audiencia Nacional para realizar “exclusivamente labores de asistencia y asesoramiento” de García-Castellón (disposición adicional 21º de la LOPJ), justo después de condenar a Torra por desobediencia. Tras ser prorrogado como “juez asesor” sin jurisdicción -el 22 de diciembre del año pasado- un mes más tarde, en enero, se le cambió a una comisión de servicio que le otorgó jurisdicción. En solo 11 años, ha pasado de la categoría de juez a magistrado antiterrorista de la AN.

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