por Acodap | Ene 25, 2022 | Denuncias, Notas de prensa
Con inusitada celeridad, abre Diligencias Previas el Juzgado de Instrucción nº 27 de la Plaza de Castilla de Madrid, con el número 49/2022. La denuncia fue presentada hace tan solo quince días. Es de esperar que se ordene la inmediata paralización de cualquier atisbo de obra en la zona donde se sospecha pudieran encontrarse las fosas.
ACODAP exige la detención inmediata de dos Ministras y del alcalde de Mequinenza
Han sido denunciados ante el juzgado de guardia por pretender ocultar el grave asunto de las fosas de Mequinenza. Tienen como primordial objetivo malversar fondos europeos para intentar hacer desaparecer las posibles pruebas sobre más de un centenar de presuntos asesinatos.
La denuncia de ACODAP se expresa en los siguientes términos:
“H E C H O S
El gobierno estaría malversando fondos europeos para “ayudar” a Margarita Robles a encubrir un centenar de presuntos asesinatos
El Gobierno urde lo que apunta a ser un espeluznante montaje para encubrir el más de un centenar de asesinatos denunciados por ACODAP ante la Guardia Civil en los que podría estar involucrada la actual ministra de Defensa. Copia de los nuevos manuscritos llegados a la asociación liderada por el juez Presencia, muestran que el ex fiscal Mena habría pedido a Robles que impidiera a la Benemérita investigar las fosas de Mequinenza, mientras tanto el Gobierno se ocuparía de “eliminar” las pruebas, los cuerpos del delito.
ACODAP, la “Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el juez decano de Talavera de la Reina Fernando Presencia, formuló denuncia en base a unos manuscritos que señalan la existencia de una tenebrosa organización perfectamente definida y controlada por el ex fiscal de Cataluña José María Mena.
De acuerdo con esa documentación, se da a conocer la existencia de una banda organizada dedicada al sicariato por encargo y previo pago. En ella participarían algunos personajes integrados en los cuerpos de seguridad del Estado, así como laboratorios forenses y policía científica. De este modo lograban la abstención de esos cuerpos en las investigaciones de los asesinatos, dejando ocultas las causas. La responsabilidad de controlar a la fiscalía corría por cuenta del propio Mena.
En una carta, dirigida por Mena al entonces fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, le pedía que se entrevistara con Zapatero. En la misiva se mencionaban expresamente las fosas comunes (“chalés” en la jerga de Mena) en la que serían enterrados los casi 400 sicarios (“inquilinos”), los que sirvieron a la banda para ejecutar los crímenes (“eliminaciones”) que se describen en miles de manuscritos. Este es el texto transcrito:
“Carlos
Te dije hace unos días que ya le había enviado a Zapatero la carta en los términos que me dijiste, exponiéndole la situación en que iba a quedar todo por aquí después de mí jubilación que, como sabemos, está a la vuelta de la esquina.
Más o menos se lo expuse con toda crudeza, pero no le mencioné nada sobre los chalets de (…), (…) y Mequinenza. Y ahí podemos tener un grave problema si no lo dejamos todo bien atado.
Y aunque Ruiz asegura que todo se hizo correctamente y es del todo improbable que puedan surgir contratiempos, ambos sabemos que el tiempo es experto en procurar traiciones.
Pero como yo ya me dirigí a él hace unos días, creo sinceramente que lo más acertado, dada la importancia del asunto, es que seas tú quien contacte con Zapatero en esta ocasión para exponerle el tema de las fosas y de todo lo que contienen.
En este caso creo que hacer prevalecer tu rango en la interlocución es lo más acertado.
Sé que si Zapatero mueve los hilos el tema jamás verá la luz.
Dile a Ruiz lo que piensas y devuélveme la nota, por favor.”
Los manuscritos que obran en poder de ACODAP incorporan una colección de misivas en la que quedaría manifiestamente clara la enorme preocupación y empeño de Mena por conseguir las complicidad, protección y colaboración del entonces mandamás del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.
Por todo esto y mucho más, al tener conocimiento de las comprometedoras cartas en las que aparecían reseñadas las tres localidades donde se afirmaba existían fosas comunes, a ACODAP no le quedó otra opción que denunciar públicamente y ante las autoridades tan graves asuntos, a la luz de lo que ordena la Directiva UE 2019/1937 sobre informantes de infracciones del Derecho de la Unión, que es de incuestionable aplicación desde el 17/12/2021.
El 24 de febrero de 2021 se interpuso la denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil de Caspe (Zaragoza).
Un representante autorizado del Benemérito Cuerpo fundado por el Duque de Ahumada informó el 9 de abril siguiente que se iban a emprender las tareas de investigación pertinentes. Sin embargo, nada se hizo desde aquella fecha.
Hoy sabemos la razón de esa inactividad. En unos nuevos manuscritos de Mena de los que ha vuelto a tener conocimiento ACODAP, se interpela esta vez a la ahora Ministra de Defensa, Margarita Robles, pidiéndole ayuda. Lo más interesante de todo es que, la Robles parece que también estaba bien metida en el ajo.
Este es el texto transcrito de esos tres nuevos documentos:
“1ª Nota del ex fiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles
Amiga y compañera
Un favor.
En los videos del cabronazo (sic) de Royuela aparecen lo que llaman las fosas de Mequinenza. Si no lo has visto, míralo.
El muy cabrón lo ha denunciado ante la guardia civil.
Aunque no tengas nada que ver en esto ni te afecte personalmente, comprenderás que si caemos nosotros también caes tú.
Qué me interesa entonces? está claro: que la guardia civil no mueva un dedo. Que no investigue absolutamente nada.
Y tú eres la única que puede dar esa orden o hablar con quien tenga que darla. No sé. Apela a la inverosimilitud de la historia, a que es absurdo emplear recursos que suponen una millonada en algo que es un puro bulo. No sé. Argumentos tienes de sobra.
Como siempre confió plenamente en ti.
Dime algo.
2ª Nota del ex fiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles
Amiga y compañera
Asunto: Mequinenza
Lo sabía. Sabía perfectamente que podía confiar plenamente en ti. Tras tu carta, estoy convencido de que la guardia civil no moverá un dedo.
Tampoco sé si la persona que se ha encargado de parar el tema ha tenido que adquirir ciertos compromisos. Por si acaso, en el sobre, en billetes de 500, van 200.000 €. Espero que si existen esos compromisos, sean suficientes.
3ª Nota del ex fiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles
A la atención de Margarita Robles amiga y compañera
Asunto: videos Royuela/ Almacellas
El mismo favor que con el de Mequinenza.
Como no me dijiste nada sobre la compensación económica interpreto que la utilizaste.
Aquí tienes otro sobre con 200.000 €
Dime algo.”
Lo más sorprendente de todo es que Margarita Robles y el propio Gobierno de la Nación se han rendido al chantaje. Y lo han hecho urdiendo un enrevesado montaje jurídico que les permitirá (si nadie lo remedia) echar cemento sobre las fosas impidiendo su investigación. Pero eso sí, comprometiendo 6 millones de euros procedentes de los fondos de la Unión Europea.
Para ello, y de manera absolutamente cínica, espeluznante e ilegal por su propósito delictivo, el Consejo de Ministros aprobó el 5 de mayo del año pasado (un mes y medio después de que ACODAP formulara la denuncia ante la Guardia Civil), y con cargo a los fondos europeos, “un presupuesto de ejecución de seis millones de euros, para rehabilitar 38 hectáreas de terreno en el término municipal de Mequinenza” que es precisamente donde se supone que están enterrados más de un centenar de cadáveres.
“El proyecto contempla la restauración de los espacios mineros asociados a las antiguas explotaciones subterráneas de carbón Grupo Europa y Grupo Virgen del Pilar, situadas en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza). Los trabajos comenzarán en 2022, durarán un año y medio, e incluirán lo que más interesa al Gobierno en estos momentos, echar cemento sobre las fosas para impedir su investigación”, según recoge la nueva denuncia que acaba de formular ACODAP ante los juzgados de instrucción de Madrid.
En el escrito de denuncia se pide al juzgado que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para evitar que desaparezcan las pruebas de los delitos denunciados, se ordene la paralización total de las obras previstas en el proyecto de restauración ambiental de los espacios mineros asociados a las antiguas explotaciones subterráneas de carbón Grupo Europa y Grupo Virgen del Pilar, situadas en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), según Convenio firmado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Gobierno de Aragón, para la restauración ambiental de zonas afectadas por explotaciones mineras de carbón cerradas en las comarcas aragonesas.
También se pide en el escrito dirigido al juzgado que, de acuerdo con lo dispuesto esta vez en el artículo 3 también de la Lecrim, se declare, a los meros efectos de la represión penal y con carácter prejudicial, la ilegalidad del referido Convenio firmado entre el MITECO y la Comunidad de Aragón al ser constitutivo de un presunto delito de malversación de fondos públicos europeos.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito con los documentos que se acompañan, se sirva tener por formulada DENUNCIA ante la jurisdicción ordinaria, al amparo de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión contra: (i) D. Antonio Sanjuán Soler, alcalde del municipio zaragozano de Mequinenza, con domicilio a efecto de notificaciones en el Ayuntamiento de esa localidad, por los delitos de malversación de fondos provenientes de la Unión Europea (art. 308 Código Penal), extorsión, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, y encubrimiento de asesinato; y (ii) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para prevenir la causa contra los siguientes aforados: el Presidente del Gobierno de Aragón D. Francisco Javier Lambán Montañés; la titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Dª Teresa Ribera Rodríguez; y la Ministra de Defensa, Dª Margarita Robles Fernández; a cuyo efecto el juzgado competente requerirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para que aporte a las actuaciones el expediente completo relativo al Convenio firmado con el Gobierno de Aragón para la restauración ambiental de zonas afectadas por explotaciones mineras de carbón cerradas en las comarcas aragonesas, a que se refiere el siguiente enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/271221-carbon-mequinenza.aspx
Asimismo se requerirá a dicho Ministerio para que aporte igualmente con destino a las actuaciones que se incoen, justificación de haberse cumplimentado el Test a que se refiere el ANEXO II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De la misma manera, se requerirá a la comandancia de la guardia civil de Caspe (Zaragoza) para que remita al juzgado el atestado y las diligencias practicadas, en su caso, como consecuencia de la denuncia interpuesta por ACODAP en fecha 24 de febrero de 2021, cuya copia se acompaña al presente escrito.
OTROSI DIGO PRIMERO que, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 4 y 19 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio (de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea), que establecen que es competencia de los fiscales europeos delegados la defraudación de subvenciones y ayudas europeas prevista en el artículo 308 del Código Penal y los delitos indisociablemente vinculados, y que cuando un órgano judicial hayan iniciado una investigación por hechos cuya competencia podría ser ejercida por los Fiscales europeos delegados, lo pondrán en conocimiento de éstos a los efectos de permitir el ejercicio del derecho de avocación en los términos previstos en el artículo 27 del Reglamento, y deberán abstenerse de tomar decisiones que puedan impedirlo, sin perjuicio de adoptar aquellas urgentes dirigidas a asegurar la investigación y el ejercicio de la acción penal; es por lo que dejamos interesado al juzgado que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para evitar que desaparezcan las pruebas de los delitos denunciados, se ordene la paralización total de las obras previstas en el proyecto de restauración ambiental de los espacios mineros asociados a las antiguas explotaciones subterráneas de carbón Grupo Europa y Grupo Virgen del Pilar, situadas en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), según Convenio firmado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Gobierno de Aragón, para la restauración ambiental de zonas afectadas por explotaciones mineras de carbón cerradas en las comarcas aragonesas.
Verificado lo cual, el juzgado pondrá la causa en conocimiento del Fiscal europeo delegado a los efectos de permitir el ejercicio del derecho de avocación en los términos previstos en el artículo 27 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
OTROSI DIGO SEGUNDO que, de acuerdo con lo dispuesto esta vez por el artículo 13 también de la Lecrim, se declare por el órgano competente para el enjuiciamiento y fallo, a los meros efectos de la represión penal y con carácter prejudicial, la ilegalidad del referido Convenio firmado entre el MITECO y la Comunidad de Aragón, al ser constitutivo de un presunto delito de malversación de fondos públicos europeos previsto en el artículo 308 del Código Penal.
OTROSI DIGO TERCERO se deja solicitado se ordene la DETENCIÓN inmediata de las dos ministras de Pedro Sánchez implicadas en los graves hechos denunciados, la titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, y la Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández, así como la del primer edil de Mequinenza (PSOE) Antonio Sanjuán Soler que consiguió la alcaldía después de que su antecesora, Magda Godia Ibarz, muriera en circunstancias muy poco claras meses después de que ACODAP presentara la denuncia ante la comandancia de la guardia civil de Caspe.
Es justicia que pido en Madrid a diez de enero de dos mil veintidós.
La firma del Procurador lo es a los meros efectos de representación.
por Acodap | Ene 25, 2022 | Denuncias, Notas de prensa
Inaudito, incomprensible incompetencia. Algo que solo se puede explicar por la animadversión contra el juez Presencia o por fuertes presiones procedentes del entorno de Robles. Por ello, ACODAP vuelve a denunciar a la ministra de Defensa del gobierno de Sánchez ante la Audiencia Nacional.
Obran en poder de ACODAP los documentos que lo acreditan los embargos. Se trata de procedimientos abiertos de oficio y tramitados por la propia Agencia Tributaria. En ellos se acordó deducir testimonio a la fiscalía por supuesto delito económico.
ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública, tras el inesperado extravío denuncia nuevamente a Margarita Robles ante la Audiencia Nacional. La actual ministra de defensa fue investigada por evasión fiscal. Entre 2001 y 2002 habría sacado de España, a través de testaferros, más de seis millones de euros destinados a cuentas residenciadas en paraísos fiscales. En los documentos mencionados aparecen como destinatarios bancos ubicados en lugares como Caracas, Lisboa, México y Suiza. ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, hace ahora pública la escandalosa documentación acreditativa, la que fue tramitada de oficio por la Agencia Tributaria
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por la asociación contra la corrupción, esas ingentes cantidades de dinero procederían, presuntamente, de sobornos materializados en la época en la que Margarita Robles era secretaria de Estado del Ministerio del Interior, convirtiéndose así en la número dos del ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch en la última legislatura del gobierno socialista de Felipe González. El pago de esos sobornos se habría realizado a través de la banda del “fiscal psicópata” José María Mena.
ACODAP ha denunciado ante la jurisdicción ordinaria, en distintas ocasiones, al entonces fiscal jefe Superior de Cataluña, José María Mena Álvarez, como principal sospechoso de haber organizado una supuesta trama mafiosa al margen de los GAL con cargo a los fondos reservados del Estado. La trama se habría dedicado en principio a la eliminación física de determinados adversarios políticos señalados por el infortunio. La “eficiente” organización de Mena se transformaría posteriormente en una gran maquinaria lucrativa que asesinaba por encargo a cambio de precio (lo que se conoce como “sicarios”.)
En el macro archivo gestionado por la asociación ACODAP quedan documentados asuntos gravísimos en una enorme montaña de manuscritos firmados por quienes serían los autores de la barbarie. Mena aparece reflejado en los documentos como un asesino despiadado y psicópata, inductor de la mayor matanza en tiempos de paz que se habría fraguado en España con cargo a los fondos reservados del Estado. Asimismo aparece su lugarteniente, el sargento Rafael García “Ruiz” de la Guardia Civil, que es dibujado en sus propias narraciones como un sicario vil y sanguinario, verdugo y ejecutor de las órdenes dadas directamente por Mena.
Margarita Robles tiene un problema, un grave problema, que tendrá que aclarar dada la relevancia del puesto que ocupa (el mismo que manejó su correligionario, el nacionalizado como dominicano, José Bono) y por ser la cabeza visible de ese CNI que tanto se preocupa por perjudicar e investigar a los denunciantes de corrupción más significados. Poco a poco se van aclarando los porqués. Pero Margarita debe tener en cuenta que ella no es Mata Hari.
Margarita Robles Expedientada por Hacienda
Denuncia Acodap contra Robles
por Acodap | Ene 19, 2022 | Notas de prensa
Han preparado una encerrona a Felipe VI. Con la disculpa de la inocente inauguración de una nueva sede judicial en Albacete, varios personajes relacionados con asuntos referentes a la corrupción y denunciados por ACODAP intentan que el rey les avale.
Todo el mundo sabe que el magistrado Presencia fue nombrado por el Rey para impartir Justicia en su nombre. Tan claro está, que aparece publicado en el BOE. Velando justamente por lo que no debe ser, el presidente de ACODAP desvela el enredado manejo el ante la Casa Civil de Su Majestad.
En una nota de prensa lanzada por el gabinete de Vicente Rouco se proporciona una lista de algunos personajes que acudirán a la inauguración de la obra buscando salir sonrientes en la foto junto al Felipe VI, para aducir que el jefe del Estado les avala sin fisuras. Los personajes más significativos son:
Carlos Lesmes, okupa con cargo caducado hace tres años, denunciado.
Vicente Rouco, okupa cuyo cargo caducó en diciembre de 2020, presunto psicópata pendiente de valoración psiquiátrica, denunciado.
Dolores Delgado, ocupando la FGE mediante un nombramiento basado en dudosas premisas denunciadas por ACODAP. La Sra. de Garzón aparece citada en la denuncia de “el video de la cumbia”, etc. Es probable que acuda acompañada por fiscales como el del chalet ilegal que se niega a derruir como está ordenado y los fiscales de Toledo que le otorgan cobertura represaliando al juez Presencia por denunciar la corrupción.
Emiliano García Page, protector de corruptos como Pepe Bono y Luis Padrino Martínez, responsables de la deforestación con estafa inmobiliaria del monte consorciado GU-3149.
¿Cómo pretenden estos elementos aparecer sonrientes, mostrando dentadura al estilo “Profiden”, todo lustrosos junto al jefe del Estado?
por Acodap | Ene 18, 2022 | Notas de prensa
Han sido denunciados por prevaricación los tres magistrados que ordenan ilegalmente el ingreso penitenciario del juez Alba. ACODAP resalta en su denuncia que Salvador Alba goza de total inmunidad y por ello no puede ser constituido en prisión hasta que su cese sea publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Este es el indiscutible e irrebatible fundamento de peso de la denuncia.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decretó ilegalmente el pasado miércoles la ejecución de la sentencia que condenó en septiembre de 2019 al juez Salvador Alba Mesa a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación, sin esperar siquiera a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hubiera tramitado el expediente de separación de la carrera al juez condenado.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dedica a la inmunidad judicial nada menos que tres artículos que prohíben la detención de jueces y magistrados salvo por orden del juez de instrucción competente, así como la intimación o los requerimientos, e incluso la citación para recibirles declaración. Con mucho más motivo, está prohibido su ingreso en prisión hasta que el cese en su destino no sea publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 353 del Reglamento de la Carrera Judicial).
Asistida por toda la razón ACODAP, la asociación contra la corrupción liderada por el juez Fernando Presencia, entiende que la parte dispositiva del auto de fecha 11 de enero pasado dictado por los togados denunciados Juan Luis Lorenzo Bragado , Nicolás Acosta González (ponente) y Luis Wood Rodríguez, puede ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación judicial y tráfico de influencias, por requerir al juez Alba para que “proceda a su ingreso voluntario en Centro Penitenciario para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta en sentencia, bajo apercibimiento de acordarse su busca y captura”, a sabiendas que el condenado sigue ostentando inmunidad judicial y que la referida sentencia aún no ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Está claro pues, según la asociación beligerante contra la corrupción, que el único fin perseguido por los denunciados es tan solo el afán de notoriedad personal, buscando que la amenaza ilegal del ingreso en prisión del juez Alba aparezca publicada en los medios de comunicación social, aún siendo plenamente conscientes y sabedores de que eso no podía llevarse a efecto en ningún caso.
Por otro lado, los magistrados ahora denunciados pretenden provocar, como propósito inmediato, la humillación y el escarnio del compañero juez condenado. Téngase en cuenta que el juez Alba puede dejar de ser condenado en cualquier momento si se estiman sus recursos.
