por acodap | Feb 1, 2023 | Notas de prensa
Nota de Prensa de ACODAP
Derogado el delito de sedición y sin poder aplicar ya el delito de rebelión, el Supremo ha perdido la competencia para seguir conociendo de la causa contra todos los procesados declarados en rebeldía, que pasa a ser del TSJC.
La sentencia dictada por la Gran Sala del TJUE, ante la que no cabe recurso y es de obligado cumplimiento, responde a las cuestiones prejudiciales remitidas por Llarena en marzo de 2021. Después de que la Justicia belga rechazara entregar al exconsejero Lluís Puig por considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que de ser entregado en España podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
Llarena acudió a la Justicia europea para aclarar tanto el alcance de la emisión de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por el Tribunal Supremo contra los encausados por su papel en el ‘procés’: Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí y el mencionado Lluís Puig, como las razones para denegar la ejecución de tales euro órdenes.
La sorpresa ha venido cuando, en relación a Lluís Puig (que no estaba procesado por el delito de sedición) ha afirmado el TJUE que no puede considerarse competente “un tribunal supremo nacional que resuelva en primera y última instancia sobre un asunto penal sin disponer de una base legal expresa que le confiera competencia para enjuiciar a la totalidad de los encausados”.
Esto lo dice el tribunal europeo porque el propio Tribunal Supremo español fijó su competencia para el ‘procés’ con base exclusivamente a los delitos de rebelión y sedición, y Lluís Puig no estaba imputado por ninguno de ellos.
No obstante, el melón que se abre en España a consecuencia de esta nueva sentencia es ahora de proporciones bíblicas.
Como afirma el juez Fernando Presencia, “de acuerdo con esta doctrina del TJUE fijada para el caso de Lluís Puig, y habiéndose derogado en España el delito de sedición, el Supremo habría perdido la competencia para seguir conociendo de la causa contra todos los demás procesados declarados en rebeldía, pasando los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos a ser jurisdicción exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
por Acodap | Feb 28, 2022 | Notas de prensa
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado in extremis una providencia por la que suspende el plazo para el ingreso voluntario en prisión del magistrado
El pasado 21 de enero ACODAP anunciaba públicamente que serían denunciados por prevaricación los tres magistrados que habían ordenado ilegalmente el ingreso penitenciario del juez Alba. La denuncia se presentó formalmente en el juzgado de guardia un mes después. Se resaltaba en el escrito que Salvador Alba goza de total inmunidad y por ello no puede ser constituido en prisión hasta que su cese como juez sea publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Este es el indiscutible e irrebatible fundamento de peso de la denuncia.
Asistida por toda la razón ACODAP, la asociación contra la corrupción liderada por el juez Fernando Presencia, entiende que la parte dispositiva del auto de fecha 11 de enero pasado dictado por los togados denunciados Juan Luis Lorenzo Bragado, Nicolás Acosta González (ponente) y Luis Wood Rodríguez, puede ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación judicial y tráfico de influencias, por requerir al juez Alba para que “proceda a su ingreso voluntario en Centro Penitenciario para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta en sentencia, bajo apercibimiento de acordarse su busca y captura”, a sabiendas que el condenado sigue ostentando inmunidad judicial y que la referida sentencia aún no ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Por eso, un día antes de tener que entrar en prisión el TSJ de Canarias paralizaba in extremis el ingreso hasta que se comprobara la veracidad de una enfermedad que alegaba el juez Alba. Teniendo en cuenta la documentación médica, el tribunal solicitó un informe a la directora del Instituto de Medicina Legal y Forense de Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta que se emita el informe y se resuelva por la Sala, permanecerá suspendido el plazo para el ingreso voluntario en el establecimiento penitenciario.
por Acodap | May 1, 2021 | Sentencias
El CGPJ obstruye la investigación de los asesinatos ordenados por el “fiscal psicópata” José María Mena. ACODAP presenta denuncia.
Dos sucesivos Consejos Generales, el actual y el anterior, se han negado de plano a proporcionar cualquier información que permita investigar los asesinatos en serie cometidos bajo el amparo y protección del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la banda del ex-fiscal y “psicópata” José María Mena.
ACODAP ha presentado denuncia en el juzgado de guardia de Madrid por este impúdico bloqueo del CGPJ. La “Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública”, liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina Fernando Presencia, se basa en uno de los muchos escritos que se cruzaron la presidenta del TSJ con la Fiscal Superior de Cataluña. Se comunicaban con frecuencia a propósito de las ya muy populares (diligencias) “Indeterminadas 1/2009”, que no son otra cosa que las investigaciones gubernativas que se abrieron como consecuencia de las maquinaciones del mencionado “fiscal psicópata” José María Mena, y su banda de malhechores.
En ese procedimiento, bajo el eufemismo de “investigar presuntas irregularidades” cometidas por el personal de la Fiscalía Superior de Cataluña, su Jefa de entonces, María Teresa Compte Massachs, descubrió con horror que en sus archivos aún se guardaban 312 documentos manuscritos atribuidos a su antecesor, el fiscal ya jubilado José María Mena Álvarez. En ellos se describían con frialdad inusitada las instrucciones con las que éste último habría ordenado la comisión de otros tantos asesinatos.
Al comenzar el análisis de un cúmulo de centenares de documentos surgieron lo que parecían ser los primeros veinte asesinatos. Tras ese inquietante descubrimiento, los papeles fueron remitidos al Consejo General del Poder Judicial. La resolución que se refiere a este extremo llevaba fecha de salida de 17 de agosto de 2009 (con Nº de Registro 8627/09/AC). En ella la Fiscal Jefe Superior le informa a la presidenta del TSJ de entonces, María Eugenia Alegret Burgués, que ha localizado 20 manuscritos de Mena para poder llevar a cabo la pericial caligráfica que le había pedido. Además, al comprobar su escalofriante contenido dejó constancia de lo siguiente: “con esta fecha se ponen los hechos en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (Inspección de Tribunales)”.
Llama poderosamente la atención que los documentos manuscritos que describían esos asesinatos no se reenviasen a un órgano jurisdiccional, como podría ser el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, sino que se remitieron a un órgano gubernativo no jurisdiccional, como es el Consejo General del Poder Judicial.
Igualmente llama la atención que el CGPJ no hiciera absolutamente nada. Por aquel entonces la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, era vocal judicial del órgano de gobierno de los jueces. Pero la ministra estaba involucrada abiertamente en las fechorías del “fiscal psicópata”. De hecho fue ella quien eligió a los fiscales Villarejo y Mena para gestionar desde Barcelona los sobornos y chantajes a jueces y fiscales de toda España. Su colaboración con la trama está ampliamente documentada. En muchísimos de esos manuscritos aparece la leyenda “no os preocupéis que esto acabará arreglándolo Margarita Robles”. Con lo que se da a entender que la ahora ministra intervino en cientos de estos “amaños”. Habían montado una especie de fontanería lavandería de todo el entramado.
Pero a la Robles el asunto se le fue de las manos. Ambos fiscales se convertirían en asesinos en serie y era necesario taparles. Por esa razón hizo lo todo imposible para que Carlos Dívar, el entonces presidente del órgano de gobierno de los jueces, no dedujera un solo testimonio, ni divulgara nada de lo que acababa de saber. Pero esa lealtad también fue su final. Dívar se convirtió en el único presidente del CGPJ que se vio obligado a dimitir, con el descrédito y la humillación como únicos compañeros de su último “viaje”.
Lo cierto es que Mena se enteró de que lo estaban investigando, porque se lo dijo Margarita. El ex fiscal jefe de Cataluña, que ya estaba jubilado, le dirigió una carta (que aún se conserva) a la compañera que le sustituyó diciéndole que iría a verla esa misma tarde. A partir de ahí se acabaron las investigaciones. Lo que se habló durante esa reunión es fácil de suponer.
Denuncia contra el CGPJ y Margarita Robles
