Un reciente descubrimiento de ACODAP lo corrobora. Es una venganza.

Es un ajuste de cuentas implacable y absolutamente mafioso. Los cuatro magistrados de la Audiencia de Toledo se emplearon a fondo para confirmar en apelación la insensata, desproporcionada e injusta condena a 34 meses de prisión contra el juez Presencia. Es una evidente represalia contra el juez que se atrevió a denunciarles también a ellos por corrupción.

Que una Sala “cocine” una sentencia con tan inusitada celeridad y rapidez es algo insólito y nunca visto. En tan solo tres días la Audiencia de Toledo resolvió la apelación por votación y fallo. Fue notificada el 5 de marzo y con la fecha de sentencia, los citados tres días después, el 8 de marzo. Se las apañaron con el truco de las fechas para no dar al juez Presencia tiempo para recusar a los magistrados que dictaron la sentencia de la vergüenza. Sorprendentemente son los mismos que dictaron otra anterior por la que una semana antes fueron denunciados por corrupción. Cocinaron una venganza.

El tejemaneje de los cuatro está claro: “Tú me denuncias y, antes de que se admita a trámite la denuncia, yo te confirmo la pena de prisión aunque sea injustamente. Así, el ‘sospechoso’ pasas a ser tú, dejando de serlo nosotros”, es lo que dice entre líneas la inquisitorial sentencia.

En el escrito de interposición del recurso de casación, que acaba de presentar la defensa del juez Presencia ante el Tribunal Supremo, surge con toda claridad un importante hecho, a la vez gravísimo y sorprendente. Algo que a buen seguro va a suponer un giro de ciento ochenta grados en el devenir de este estrafalario proceso de simulación judicial.

ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por Fernando Presencia, descubre y denuncia ante la Policía Nacional que el testimonio de particulares que se utilizó en el juicio contra el ex juez decano de Talavera de la Reina había sido falsificado.

Después de un minucioso análisis por parte de los investigadores de la asociación denunciante, se ha podido constatar que el entonces secretario del decanato, Ignacio Ramírez Montalvo, se quitó de encima la denuncia original del juez Presencia y sus documentos porque tuvo miedo de las posibles represalias. Por eso dejó en el expediente solo una fotocopia mutilada de un texto entrecortado, a todas luces incomprensible, lo que impedía tener conocimiento cabal del verdadero alcance y gravedad de los hechos denunciados y de la identificación de los sospechosos.

Cuando se pidió a la nueva secretaria del decanato, Rosa Rodríguez Fernández, que certificara el contenido del expediente, en vez de proceder ésta a reconstruir las actuaciones no se le ocurrió otra cosa que simular la certificación del contenido de las fotocopias como si fueran los originales, de manera que la denuncia mutilada y desprovista de cualquier tipo de documentación se ofrecía ante propios y extraños como algo incomprensible e inverosímil.

Todo ello desobedeciendo de manera consciente lo que dice el artículo 5 del Real Decreto 1608/2005, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, según el cual estos funcionarios “deberán hacer constar en la expedición de las certificaciones o testimonios el carácter original o no del documento con respecto al cual se expide la certificación o el testimonio”

Este falseamiento del testimonio fue aprovechado por el actual presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Juan Ramón Brigidano, que había sido denunciado previamente por el juez Fernando Presencia por estar aquél implicado en actos de corrupción.

Desmadejemos los hechos y antecedentes, pues son algo enrevesados. Se remontan al año 2.013, siendo entonces presidente de esa Audiencia Provincial el ya jubilado Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro, íntimo amigo de Mª Dolores Cospedal, en aquella época presidenta de Castilla-La Mancha. El actual presidente de la Audiencia de Toledo era entonces el juez de lo Mercantil de la misma circunscripción.

Ese año 2.013 Brigidano nombró sorprendentemente 10 veces seguidas como administrador concursal en el juzgado de lo Mercantil de Toledo al director de la firma de abogados en la que se descubrió trabajaba el hijo de Gutiérrez Sánchez-Caro, Tomás Gutiérrez Colino.

Los nombramientos fueron en los concursos de las diez empresas del grupo Ortiz Bravo “Cerámicas la Oliva” (Hermanos Ortiz Bravo, Cerámica Nuestra Señora de la Oliva, Explotaciones de Canteras La Sagra, Nueva Cerámica Moderna, Ladrillería Técnica, Tejas Castilla-La Mancha, Tejas Árabes, Sopasa La Mancha, Centro Tecnológico de la Oliva y Auxiliar Industrial Ortiz Bravo). Sólo la matriz del grupo, Sopasa, propiedad de la familia Ortiz Bravo y participe en diversos fondos empresariales, tenía un pasivo en el año 2.011 de 30 millones de euros.

La sociedad de la familia Ortiz Bravo también gestionaba la residencia de mayores Virgen de la Oliva, siendo los auditores del conglomerado empresarial la firma Abaco Auditores, representada por el ex alcalde de Toledo, el economista y empresario Juan Ignacio De Mesa, dueño de la conocida “Repostería Santo Tomé”.

Se da la circunstancia de que De Mesa formaba parte, junto con el también empresario fundador de la conocida marca “Joma”, Fructuoso López Gómez, de los Consejos Territoriales constituidos por Liberbank en Castilla-La Mancha, entidad que mantuvo contratos de «asesoramiento verbal» con el marido de Cospedal que fueron investigados por la Audiencia Nacional.

En este punto, según la denuncia de Presencia, es donde entra en escena el fiscal Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, que figuraba como deudor del concurso de uno de sus proveedores. Se trataba de “ELECTRICIDAD GODOY S.A.”, que fue declarada en Concurso de Acreedores Publicado en el «BOE» núm. 37, de 12 de febrero de 2013, por el Juzgado de lo Mercantil de Toledo.

Es sabido y vox populi que el fiscal Ángel Demetrio y su mujer, María García García, construyeron su chalet ilegal gracias a los sobornos, fueren ofrecidos o exigidos. La lista del activo pendiente de cobro de ese concurso era la prueba definitiva de esos impagos. En ella figuraba el “importe no abonado” (facturas por cobrar por cuantía superior a los 100.000 €) de los trabajos de electricidad y fontanería que se llevaron a cabo por la concursada, que representaban 1/6 del importe total que costó construir el chalet (se calcula que unos 600.000 € incluyendo la parcela) que nunca se pagaron. Sorprendentemente, esa deuda a favor del concurso fue condonada por Brigidano. ¿La razón? Ángel Demetrio era conocedor de los manejos del presidente de la Audiencia y el juez de lo Mercantil, y les chantajeó.

El fiscal supo que los nombramientos a favor del despacho en el que trabajaba el hijo de Gutiérrez Sánchez-Caro obedecían a un soborno. Brigidano pretendía desde hacía tiempo la presidencia de la Audiencia Provincial, y el entonces presidente le prometió no presentarse a la reelección si aquél accedía a los nombramientos que se sabía que eran ilegales a favor de un hombre de paja llamado Luis Gómez De las Heras Martín-Maestro, el dueño del despacho donde trabajaba su hijo.

Para que “el pago” del amaño no se notara demasiado se presentaron los dos magistrados a la elección con la intención de que Gutiérrez renunciara una vez en marcha el proceso, dejando solo al juez de lo Mercantil que de este modo se convertiría en el nuevo presidente. Sin embargo algo falló, Sánchez-Caro sintió miedo y no renunció, resultando reelegido. Por eso Brigidano tuvo que esperar varios años aguardando a que el ingrato se jubilara.

El mismo día en que el flamante nuevo presidente ocupaba su sillón en la Audiencia Provincial de Toledo, un mes después de la entrevista de “La Cerca”, él y Rouco decidieron echar la culpa de absolutamente todo al anterior presidente. Acusaron al ya jubilado Gutiérrez Sánchez-Caro de estar diametralmente separado de «la transparencia y la modernidad de la Justicia», de una Justicia «más amable, más cercana y accesible a los ciudadanos y a los medios de comunicación».

“No creo que haga falta añadir nada más, ¿no creen?”, espetó el vengativo Vicente Rouco ante los medios de comunicación para disfrutar ensañándose con el jubilado. Como podrá entenderse, la opinión del ahora denunciado cayó como un mazazo sobre la cabeza del recién retirado, que dejaba ya de participar en esa (presunta) organización criminal.

El juez Presencia denunció lícitamente presuntos hechos de corrupción. Muchas de las denuncias que el mismo acumuló le fueron hechas de modo anónimo, lo que le obligaba a mantener el secreto exigido por los denunciantes. Pues bien, en lugar de investigar como es su obligación, los juzgados y la fiscalía arremetieron con saña nunca vista contra el juez denunciante, siguiendo la obsoleta, caduca y abusiva doctrina marcada por el turbio Cándido Conde Pumpido para autoprotegerse de sus numerosos líos. Resaltamos que la inmediata reacción de juzgados y fiscalía fue una serie de duras represalias contra un juez aforado que sigue siéndolo porque así los establece el BOE.

Por todo ello, los represaliadores tendrán que responder ante los tribunales de la UE, pues las vengativas acciones y reacciones contra él se contemplan como delitos contra el Derecho de la Unión.