Tres individuos forzaron mediante el procedimiento del “resbalón” la puerta de la segunda residencia del periodista deportivo valenciano Julio Insa, que está en concurso de acreedores. Tras los hechos, denunciados por los vecinos al observar cómo arrancaban la alarma y forzaban la puerta de la vivienda, comenzaron las pesquisas que apuntaban directamente a unas más que probable trama del secretario judicial y el administrador concursal.

Según la denuncia que interpuso la esposa de Julio Insa en dependencias de la Guardia Civil: “Los asaltantes forzaron la puerta de acceso mediante el procedimiento del  RESBALON, que utilizan habitualmente los delincuentes para acceder a viviendas. Causaron diversos daños y manipularon el sistema de alarma mediante inhibidores, marchándose velozmente del lugar al ser sorprendidos por los vecinos”. El autor principal del asalto a la vivienda fue identificado posteriormente como Antonio Javier Carrascosa Pla.

Al respecto, el propio secretario del juzgado de lo mercantil nº 3 de Valencia, José Víctor Sanz Gordon, estaba tratando de ocultar una sentencia en la que se reconoce que la vivienda de Jávea que había sido asaltada estaba ocupada por la familia de Julio Insa.

ACODAP asegura, por lo tanto que “De esta manera empezarían a encajar las todas piezas de este enrevesado puzle y cobrarían su verdadero y real sentido lo que aparentaban ser meras irregularidades cometidas por el secretario judicial inducido por el administrador concursal, para convertirse ahora en pruebas de un plan preconcebido y ejecutado por una verdadera organización criminal”.

Carrascosa reconocería su autoría e implicaría también en los mismos hechos al secretario del juzgado, José Víctor Sanz Gordon

Por su parte, ACODAP, la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, esgrime en su denuncia que: “En un escrito que presentó posteriormente en el juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia, Carrascosa reconocería su autoría e implicaría también en los mismos hechos al secretario del juzgado, José Víctor Sanz Gordon, quien inexplicablemente no hizo nada siendo conocedor del hecho delictivo, encubriéndolo con su silencio. Esto es algo totalmente inexplicable porque el secretario tiene la inexcusable obligación de perseguir de oficio los delitos por cuestión del cargo que ostenta”.

En las Diligencias Previas, sería el propio Carrascosa quién implicaría en el asunto al administrador concursal Francisco Javier Jover Sáez.

Julio Insa, socio de ACODAP y popular locutor deportivo de la Comunidad Valenciana,  había denunciado hasta el momento sin éxito la trama, tanto en el juzgado de guardia, la fiscalía, y en los propios juzgados de lo mercantil. También había llevado sus quejas sin ningún tipo de reacción al colegio de abogados y al decanato de los juzgados de Valencia, pero para su comprensible desesperación y falta de colaboración, ninguno le hizo el menor caso, aumentando su desconcierto ante tanto desatino.

La primera denuncia de ACODAP

ACODAP, liderada por Fernando Presencia, el ex juez decano de Talavera de la Reina, en su primera denuncia ante el juzgado de guardia sobre el caso señaló indiscutibles evidencias de la existencia de “una banda de perfil claramente criminal que se dedica a amañar concursos de acreedores en los juzgados de lo Mercantil de Valencia, con una S.L. (Sociedad Limitada mercantil) que utiliza para la operativa de sus delictivos manejos y empleada como tapadera de sus fraudes” y llamada “Barbeta y Jover Concursales S.L.”.

En esa primera denuncia  presentada se resaltaba que: “Lo que se pretendía realmente era que, una vez se presentaban las solicitudes de concurso en nombre de sus clientes, los denunciados debían perseguir también que se les nombrara como administradores concursales, lo que no solo está prohibido por la Ley Concursal (art. 65.1 TRLC), sino que además constituye un delito de corrupción en los negocios castigado en el artículo 286 bis del Código Penal”.

Dadas las circunstancias relatadas en esa primera denuncia, el abogado Francisco Javier Jover Sáez, decidió urdir la trama delictiva cuando el juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia le nombró administrador concursal de una pequeña empresa perteneciente al periodista Julio Insa (“Patrimonial Espacial, 47 S.L.”), que prácticamente no tenía activos (bienes) en su balance. En una acción inexplicable por su parte, el abogado, que demostró una carente integridad personal ni profesional, comprobó que el grueso del patrimonio inmobiliario del periodista estaba repartido entre dos empresas más como eran las mercantiles “Ingrade, S.L.” y “Freepublic, S.L.”. A continuación, pasó a fijar sus ambiciosos intereses ilegítimos en esas dos sociedades limitadas que hasta ese momento no estaban en concurso de acreedores.

En ese momento, el administrador concursal Jover convenció a  Julio Insa mediante engaños y falsedades para que fuera su cliente y beneficiarse de dicha situación. Le presentó a quien debía ser su “asesor financiero y económico”, Francisco Javier Barbeta Rubio, el segundo de los denunciados, para ser contratado a través de su empresa “Centifec, S.L.”, la misma que recibiría los pagos.

Con el objetivo latente de repartirse el dinero de los pagos “a escote”, Jover y Barbeta constituyeron su empresita “Barbeta y Jover Concursales, S.L.”, llegando a presentar los concursos de acreedores “voluntarios” (y nunca necesarios) de “Ingrade, S.L.” y “Freepublic, S.L.”, y empleando para hacerlo la firma de un testaferro, que era la abogada ya fallecida Yolanda Hernández Boluda. Jover, ralentizó el procedimiento mientras los socios se apropiaban de los alquileres y las rentas procedentes de los bienes del concurso, incluyendo hasta el coche del periodista.

Mediante el mismo modus operandi, los dos protagonistas de la causa decidieron no anotar las declaraciones de concurso en los Registros de la Propiedad para no levantar sospechas en el momento de apoderarse también de los inmuebles. De la misma manera, se hizo constar falsariamente en los anuncios de subastas que los inmuebles en los que residía el matrimonio estaban “libre de ocupantes”. La estrategia consistía en adjudicar las fincas a fondos buitre, para terminar recalando en las manos de Jover y su ayudante Barbeta, sin que los funcionarios de los distintos registros se dieran cuenta del amaño.

La situación se prolongó durante a lo largo de cuatro años, hasta que Julio Insa fue consciente del enorme engaño y en 2016 contrató a un nuevo abogado para denunciar a Jover y Barbeta en el juzgado de guardia.

Por último, fuentes del entorno próximo a los juzgados levantinos han informado a ACODAP que en esta organización criminal podrían estar implicados más personas. La asociación contra la corrupción lo está investigando a fondo y las pistas que señalan a otros componentes de la trama surgen claras y reveladoras.